domingo, 5 de enero de 2014

LOS MEDIOS Y LA NUEVA "PACIFICACIÓN DE LA ARAUCANÍA"

La ministra vocera de gobierno, Cecilia Perez, lo dijo con todas sus letras “aquí falta mayor diligencia para llegar finalmente al resultado que todos buscan, que es la pacificación de La Araucanía”. Inmediatamente vinieron las reacciones en las redes sociales, “sabrá la vocera de los crímenes cometidos en los tiempos de la pacificación de la Araucanía?”, “los más conservadores estiman en 70.000 los Mapuche muertos por la primera pacificación”, comentaban muy acertadamente algunos usuarios de twitter.
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Imagen: Marcha en apoyo a werken Daniel Melinao (16/12/2013) – Foto de ADKIMVN
Por Gerardo Berrocal S. – ADKIMVN
Lo cierto es que esta nueva “pacificación de la Araucanía” no es sólo una frase desafortunada de la ministra Perez, sino que es un plan muy bien orquestado que viene desarrollando el gobierno de Piñera -y antes los gobiernos de la concertación- que busca básicamente, así como hace poco más de un siglo atrás, neutralizar el proceso de defensa territorial que han mantenido comunidades de todo el Wallmapu (territorio Mapuche), en beneficio de los grandes grupos económicos que operan en la región.
Para este cometido una vez más las autoridades de gobierno han anunciado una serie de medidas tendientes a intensificar la militarización de la región, con el aumento de la dotación policial y de recursos para las policías, incluyendo el envío de drones espía (aviones no tripulados) y cámaras instaladas a lo largo de la “zona roja” para vigilar en búsqueda de los responsables de los “atentados incendiarios”, que según afirmaciones de las propias autoridades, estarían relacionados a las demandas de las comunidades Mapuche. Todo esto promocionado y tratado estratégicamente por los principales medios chilenos para lograr hacer entender a la población que está en permanente peligro a causa de las demandas Mapuche.
Tal como lo hiciera El Mercurio en 1859, cuando llamaba explícitamente a perpetrar la arremetida militar a Wallmapu, con un lenguaje distinto por cierto pero con la misma sinceridad y entusiasmo que lo hacen hoy los gobernantes a través de la TV, para lo que aseguraba que “los hombres no nacieron para vivir inútilmente y como animales selváticos, sin provecho del género humano; y una asociación de bárbaros, tan bárbaros como los pampas o araucanos, no es más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en bien de la civilización”.
Este periodo comprendido entre 1860 y 1883, es conocido en la historia oficial chilena como “Pacificación de la Araucanía”. Comienza cuando Cornelio Saavedra propone un plan de “pacificación”, que consistió en la ocupación militar del Wallmapu, que en ese momento tenía como frontera la línea del río BioBio, comenzando con la construcción de fortificaciones a lo largo de la línea del río Malleco. Una de ellas es el fuerte Chiguaihue, construido muy cerca de donde se encuentran hoy las nuevas fortificaciones de Carabineros en Pidima, el mismo lugar donde el ministro Chadwick llegó hoy a reunirse con el presidente de un grupo de agricultores “víctimas de la violencia”, quien llamaba enardecidamente a crear una “guerrilla” para hacer frente a las comunidades Mapuche.
Esta mal llamada “pacificación” no fue otra cosa que la ocupación militar y toma de posesión a través de la violencia por parte del estado chileno del territorio Mapuche, hasta ese entonces autónomo desde la línea del BioBio al sur, según tratados internacionales firmados con la corona española y reconocido por el estado de Chile a través del tratado de Trapilhue de 1825. Esta violenta ocupación militar comandada por Cornelio Saavedra significó la quema de miles de Ruka (casas), el robo de ganado, el abuso y asesinato de miles de Mapuche, y finalmente la reducción de las tierras, confinando a los Lof (comunidades) Mapuche a vivir en el 5% del territorio comprendido entre la línea del BioBio y la línea del Tolten. Mientras una situación similar llevaba a cabo en Pwelmapu el estado de Argentina con “La Conquista del Desierto”.
Los medios y la manipulación mediática
Hoy, el festín que hacen estos medios “informando” sobre “el conflicto mapuche”, “la zona roja”, “los atentados terroristas”, “ataques incendiarios” y otros tantos conceptos que ellos mismos han creado, refleja la continuidad de una estrategia mediática muy bien estructurada que busca la transformación de una realidad en desmedro de quienes luchan legítimamente por sus derechos más básicos, como lo es el territorio, y en beneficio de intereses de grupos económicos y políticos de mucho poder, que mantienen intereses en la región.
Así, para la población en general, resulta muy preocupante escuchar a un ministro Chadwick, decir que “aquí en La Araucanía, lo que hemos vivido son actos terroristas, y el Gobierno así lo entiende y por eso presenta sus querellas en razón de la Ley Antiterrorista”, y luego a un intendente Molina haciendo un “llamado a la tranquilidad” asegurando que “llevamos dos noches sin situaciones de violencia” y que “esperamos que la conmemoración de la muerte de Matias Catrileo no signifique más hechos de violencia”, mientras noche tras noche se escuchan los helicópteros de carabineros sobrevolar la región. Y claro, resulta “tranquilizador” escuchar a una ministra Perez decir finalmente que la arremetida policial pondría fin a los “atentados” porque lo que todos buscan es “la pacificación de la Araucanía”.
Pero por cierto, los medios no aclaran que estos “atentados incendiarios” aún no han sido investigados con rigurosidad ni han arrojado resultados sobre los presuntos responsables. Sin embargo, sin ningún tapujo las autoridades ni ética profesional los periodistas a cargo de hacer las notas (des)informativas señalan una y otra vez, que todo estaría vinculado a las movilizaciones Mapuche. Así como a principios de 2012 dieron amplia cobertura al ex ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter (actual ministro de defensa), cuando señalaba que los incendios forestales de Carahue, en donde fallecieron siete brigadistas forestales, era (una vez más) responsabilidad de los Mapuche. Pero cuando el ministro tuvo que desdecirse por sus irresponsables afirmaciones, no fue noticia.
Tampoco fue noticia para estos Medios cuando en el año 1999, brigadistas forestales acusaban a la empresa forestal Mininco (una de las tres empresas más grandes que manejan el negocio forestal) de enviarlos a hacer autoatentados incendiarios para inculpar a los Mapuche y así crear las condiciones para obtener mayores beneficios y justificar la militarización de la zona durante las faenas forestales. Por ejemplo, la quema de la casa patronal del Fundo Rucañanco, propiedad de forestal Mininco, de la que la empresa acusó directamente -entre otros- al werken Víctor Ancalaf, fue uno de los principales motivos para que el Gobierno aplicara la Ley Antiterrorista a los Mapuche en esos años.
Pero ya es conocida la estrategia que utiliza la prensa oficial, las grandes cadenas de medios, sobre cómo generar temor en la población para lograr introducir las políticas represivas serviles a los poderes fácticos que mantienen intereses económicos en Wallmapu. Como lo dilucidara Noam Chomsky en su lista de las “Diez Estrategias de Manipulación Mediática”, donde describe la estrategia denominada “problema-reacción-solución”, que consiste en “crear problemas y después ofrecer soluciones”, es decir, “se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el demandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad”.
La violencia hacia el Pueblo Mapuche y la omisión de los medios
Ciertamente los mal llamados Medios de Comunicación (que en realidad son medios de información masiva), no cubren con la misma exaltación los hechos que afectan a la comunidad Mapuche, como por ejemplo, la represión sufrida por la gente que llegó a apoyar al werken Daniel Melinao, ante el inicio del juicio oral en su contra (aplicando una vez más la ley antiterrorista por tratarse de un dirigente Mapuche) en donde se le acusa, sin más pruebas que el relato de los carabineros implicados en los hechos, de la muerte del sargento Hugo Albornoz, quien fue alcanzado por una bala en el cuello mientras carabineros practicaba un violento allanamiento en la comunidad Wente Winkul Mapu. Tampoco han informado por cierto, sobre las nuevas detenciones a miembros de la comunidadproducidas en el marco de este juicio.
Tampoco han informado con claridad que Walter Ramírez, el GOPE de Carabineros que asesinó por la espalda a Matías Catrileo mientras participaba en actividades enmarcadas en el proceso de recuperación territorial en Vilcun, recibió una condena irrisoria de 40 firmas y quedó en libertad. Pero sí aluden a que la conmemoración de la muerte de Matías significaría “un llamado a la agitación y ataque”, como lo señalan una y otra vez citando un panfleto que circula por las redes sociales difundido supuestamente por grupos Mapuche. No les interesa investigar quién asesinó a Rodrigo Melinao y porqué han profanado dos veces su tumba. O quienes están detrás de los rayados con amenazas de muerte hacia los dirigentes Mapuche que aparecieron en un paradero de un camino rural en Ercilla. O porqué Jorge Temer San Martín, el terrateniente “coleccionista de armas” como lo llamó TVN, mantenía un arsenal de guerra en su casa y siendo reconocido como uno de los principales líderes del comando paramilitar “Hernan Trizano”, nunca ha sido investigado y menos procesado bajo la Ley Antiterrorista.
Tampoco informan sobre el grave e irreversible daño social, cultural y ambiental que provocan las forestales o las hidroeléctricas al pueblo Mapuche, porque claro, así como lo consignara El Mercurio, el principal medio promotor de “La Pacificación de la Araucanía”, cuando señalaba: “No se trata sólo de la adquisición de algún retazo insignificante de terreno, pues no le faltan terrenos a Chile; no se trata de la soberanía nominal sobre una horda de bárbaros, pues ésta siempre se ha pretendido tener: se trata de formar de las dos partes separadas de nuestra República un complejo ligado; se trata de abrir un manantial inagotable de nuevos recursos en agricultura y minería… en fin, se trata del triunfo de la civilización sobre la barbarie, de la humanidad sobre la bestialidad”. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta nueva pacificación y qué buscan justificar los grandes medios?, lo cierto es que hoy ese objetivo sigue latente, las forestales, las hidroeléctricas, la minería y otras inversiones pretenden ocupar las tierras Mapuche para seguir generando jugosas ganancias, en el territorio ancestral de todo un pueblo, para el negocio de unos pocos.

LOS DILEMAS DEL ESTADO EN LA ARAUCANÍA

Los medios de comunicación dan cuenta de una serie de hechos de violencia -incluyendo la quema de bosques, el ataque a helicópteros que combaten los incendios forestales, el incendio a la propiedad de un agricultor en un sector urbano de Temuco, entre otros-, ocurridos en la Araucanía en días pasados.
Tales hechos se verifican en momentos en que se conmemoran otros hechos de violencia ocurridos en la Araucanía en años anteriores, como el homicidio de Matías Catrileo a manos de carabineros hace seis años atrás, y el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay, cuya autoría aún es investigada, ocurrido el año pasado en esta misma fecha.  Se trata de hechos lamentables que deben ser condenados con la mayor energía.  Por lo mismo deben ser investigados, y sancionados quienes resulten ser responsables de su autoría.  Como lo hemos señalado en el pasado reiteradamente, la violencia -provenga ésta de agentes del estado, de integrantes del pueblo mapuche, de agricultores, o de cualquier otro sector de la sociedad- no es el camino adecuado para enfrentar los problemas de relaciones interétnicas pasados y presentes que persisten en esta parte del país, y solo contribuye n a dificultar la superación de las situaciones de injusticia,  postergación y discriminación que siguen afectando al pueblo mapuche.
Su ocurrencia en las fechas conmemorativas de los hechos antes señalados, así como las  reivindicaciones que grupos mapuche habrían realizado de algunos de estos hechos -otros habrían sido reivindicadas por grupos anarquistas- han llevado nuevamente a algunas autoridades, así como a medios de comunicación, a presumir la responsabilidad de los mapuche.  Cabe rechazar categóricamente esas presunciones de responsabilidad realizadas antes de que la justicia investigue y determine quiénes están detrás de estos hechos, las que por lo mismo deben ser consideradas arbitrarias y discriminatorias.
Junto a ello, las autoridades han vuelto a proponer la aplicación de la ley antiterrorista para la investigación de estos delitos.  Al respecto cabe observar el doble estándar de dichas autoridades, las que tratándose de delitos cuya autoría presumen corresponde a los mapuche, proponen la aplicación de la ley antiterrorista, en contraste con aquellos delitos en cuya autoría existen antecedentes del involucramiento de agentes policiales del estado, casos en los que ellas parecen seguir tolerando la competencia de la justicia militar para conocerlos.  Sin instar además por la realización de las modificaciones legales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia en el caso Palamara (2005), para poner término a la competencia de dichos tribunales para conocer casos que involucren a civiles.
Cabe recordar que la justicia militar ha dejado sistemáticamente en la impunidad los delitos cometidos en los últimos años por agentes policiales en contra de mapuche en el marco de los conflictos por tierras.  El caso del homicidio de Matías Catrileo, ocurrido el 3 de enero del 2008, es ilustrativo en este sentido.  La justicia militar que conoció el caso condenó al cabo de carabineros Walter  Ramírez a la pena de tres años y un día de libertad vigilada por el delito de “violencia innecesaria con resultado de muerte”, pena que cumple en libertad.  Ello a pesar de que la pena que tiene asignada el delito por el Código de Justicia Militar es de entre 5 años y un día a 15 años de presidio.  Es más, el cabo Ramírez  permaneció en las filas de la institución hasta inicios de 2013, cuando las autoridades -frente al recl amo de la familia y de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales- decidieron exigir a Carabineros lo diera de baja.  En la misma impunidad que este crimen han quedado los homicidios, también a manos de efectivos de carabineros, de Alex Lemún y Jaime Mendoza Collio, procesos que igualmente fueron sustanciados por la justicia militar.
El doble estándar de la autoridad vuelve a quedar en evidencia estos días con los dichos del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuando manifestó su preocupación por los elevados estándares de pruebas exigidos por la justicia, lo que dificulta desarrollar acciones que permitan terminar con la “cadena de impunidad”, refiriéndose evidentemente a la impunidad en que hasta ahora han quedado los delitos que han afectado a propietarios agrícolas, pero no a aquellos que han afectado a los mapuche.
Parece pertinente a este respecto recordar las palabras del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo, Ben Emmerson, al concluir su visita a Chile el 2013, donde sostuvo que la ley antiterrorista “se ha aplicado en forma desproporcionada contra los defendidos Mapuche, y se ha implementado sin una política coherente y objetiva para distinguir aquellos casos que cumplen con el umbral para determinar si un acto es de terrorismo y los que no.”  En su informe de visita al país dicho Relator concluyó que la aplicación de esta ley en el marco de las protestas por tierras “se ha convertido en parte del problema y no parte de la solución”, recomendando por ello poner término a su aplicación frente a estas situaciones.
Llama la atención también el que las autoridades de gobierno propongan como alternativa para abordar esta espiral de violencia, la del reforzamiento de las fuerzas policiales en la región.  La militarización de la Araucanía que algunos proponen y a la que las autoridades parecen apostar en el contexto actual, no solo resulta una opción riesgosa, puesto a que en última instancia se trata de una propuesta de violencia represiva  para enfrentar  la violencia que se imputa al mundo mapuche, sino que además, es inconducente para dar respuesta a los problemas de fondo que están detrás del complejo escenario que hoy se vive en la Araucanía y regiones aledañas.
Como las autoridades bien saben, dichos problemas no solo son históricos y tienen su origen en la forma -a sangre y fuego- como el estado y la propiedad se establecieron en esta parte del país, sino que son también presentes, y están relacionados con el insuficiente y errático actuar que el estado ha tenido en las últimas décadas frente a los pueblos indígenas en general y al pueblo mapuche en particular.  En efecto, a pesar de toda la retórica y promesas de un nuevo trato para con ellos, dichos pueblos no solo siguen sin contar con un reconocimiento de su existencia y derechos en la Constitución Política, sino que además no cuentan con mecanismos -cuotas de representación especial, legislación sobre partidos políticos, entre otros- que posibiliten su participación política en instancias de toma de decisión al interior del estado, como el Congr eso Nacional, los gobiernos regionales y comunales.  Tampoco la institucionalidad chilena considera mecanismos que posibiliten formas de autonomía indígena en aquellos espacios territoriales -regionales, comunales u otros- en donde estos pueblos constituyen una mayoría demográfica.  Más aún, la institucionalidad del estado para los pueblos indígenas -la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, creada por ley en 1993- es una instancia reconocidamente sobrepasada y carente de representatividad y de poder para abordar los problemas que hoy afectan a estos pueblos.  Sigue pendiente a su vez en el Congreso Nacional la aprobación de un proyecto de ley para la creación de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, como instancia pública de representación indígena ante el estado.
Por otro lado, el Convenio 169 que el estado chileno demoró 17 años en ratificar, no ha sido, en lo sustancial, puesto en práctica.  Uno de los derechos centrales en el establecido, la consulta frente a las medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar a estos pueblos directamente, solo fue regulada el 2013.  Ello a través de un proceso que no ha generado consenso en los pueblos indígenas, y que estableció un procedimiento de consulta que está por debajo de los estándares del propio Convenio, dificultando el ejercicio de este derecho fundamental.
En materia política, las legítimas reclamaciones de tierras de los mapuche, siguen sin ser acogidas por el estado.  La política del Fondo de Tierras de CONADI ha demostrado su ineficacia para abordar la demanda por la restitución de las tierras que les fueran reconocidas por el estado a los mapuche.  Los escasos fondos destinados por el estado a estos efectos en los últimos años, unidos a los elevados precios de mercado que CONADI  paga por su compra a sus propietarios legales -generalmente quienes les usurparon las tierras reconocidas por el estado- han impedido avances significativos en esta materia, prolongando innecesariamente conflictos por tierras.  El estado sigue haciendo oídos sordos a las recomendaciones hechas por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato creada desde el estado, la que hace una década atrás propuso la utilización de un mecanismo constituci onal-la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional- para dar solución efectiva y a precios justos, a un problema histórico provocado por el mismo estado.
Por otro lado, muchas comunidades mapuche siguen siendo violentadas cotidianamente al no poder decidir sus prioridades en materia de desarrollo, derecho que les es reconocido a los pueblos indígenas por el Convenio 169.  Ello toda vez que el estado sigue empecinado en imponer su propuesta de desarrollo en los territorios indígenas.  Lo que se manifiesta en esta parte del país en la expansión de las plantaciones exóticas sobre tierras de propiedad legal y ancestral mapuche, plantaciones que hoy ocupan al menos 1.5 millones de hectáreas al sur del Bio Bio, así como en la imposición de centrales hidroeléctricas, de pisciculturas sobre los ríos y playas de ocupación y uso tradicional, sin procesos de consulta y sin considerar su participación en los beneficios económicos que estas generan.
No es casual entonces que un porcentaje de la población bajo la línea de pobreza en la Araucanía, región con casi un tercio de población mapuche, alcance al 27%, siendo la más pobre  del país; y que en las comunas de mayor expansión de la forestación exótica -como Lumaco, Ercilla, Chol Chol, Galvarino, donde la demografía mapuche es superior al 50%-,  se encuentren todas entre las comunas más pobres del país, siendo a su vez las comunas donde los hechos de violencia interétnica es más álgida.
Se trata de una situación que deberá abordar el futuro gobierno de Bachelet.  El desafío no será menor, puesto a que el tratamiento que ella dio a los mapuche como presidenta frente a los conflictos por tierras verificados durante su administración -al menos en el plano policial y persecutorio-, no difirieron en lo sustancial al que fue otorgado frente a la misma realidad bajo la presidencia de Piñera.
Los dilemas que se presentan para el estado en el futuro próximo en su relación con el pueblo mapuche son significativos: o se sigue en la lógica del abordaje policial y la criminalización de su protesta, o entiende que, tratándose de un problema esencialmente político, se requiere de un abordaje mucho más integral, que debe tener al diálogo, el entendimiento y la negociación -y no la represión- como elementos centrales.
Aquí también resulta pertinente tener presente las recomendaciones que sobre esta materia realizó el Relator Especial Ben Emmerson al concluir su misión a Chile, subrayando la urgencia de impulsar la que denominó una “estrategia nacional” para abordar no solamente el tema de las tierras mapuche, sino además los temas más amplios relativos al “reconocimiento constitucional del derecho Mapuche de existir como pueblo indígena dentro del Estado de Chile” y “el fin de la discriminación institucional y judicial.”  Ello, junto con recomendar el establecimiento de una institucionalidad adecuada -que el identificó como un Ministerio de Asuntos Indígenas, dotado adecuadamente de personal y financiamiento- para coordinar la política estatal hacia estos pueblos.
Para el diseño e implementación de esta estrategia nacional el Relator Emmerson propuso a su vez la conformación de una Comisión Consultiva Nacional, con representación de los propios pueblos indígenas, de los partidos políticos, de pequeños y grandes propietarios rurales, víctimas de la violencia rural, además del Instituto Nacional de Derechos Humanos, expertos nacionales e internacionales.  Comisión cuyo objetivo sería la construcción de un consenso sobre los principales desafíos y posibles soluciones a los problemas que afectan a los pueblos indígenas, en especial al pueblo mapuche.
Todo parece indicar que ha llegado la hora de un diálogo de esta naturaleza para abordar un tema histórico nunca resuelto; el de la justicia para el pueblo mapuche como base para una convivencia interétnica armónica en la Araucanía.  Sino lo hacemos ahora, es muy posible que sigamos lamentándonos, quizás por muchos años, por escenarios de conflicto y de violencia como el que hoy concita el interés de los medios.
El autor,  José Aylwin, es Co Director Observatorio Ciudadano.

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